Líbana Nacif Heredia
Que el Instituto Federal Electoral (IFE) haya decidido declarar culpable al presidente de México de violar la ley electoral, no es un hecho aislado de la carrera presidencial del 2012.
Pero mas allá de los efectos que para tales comicios representa semejante sentencia, el hecho significa una prueba más de que las paredes de hierro del sistema político han sido rebasadas por otros poderes.
Pudiera pensarse que es una prueba de fuego superada para la democracia, pues que el órgano electoral se atreva a señalar públicamente y bajo argumentos legales que el presidente de la república viola la ley, habla de la existencia de una verdadera autonomía en un órgano ciudadano como lo es el IFE, y tal como lo mandata la propia constitución.
Pero en la puesta en escena del teatro político mexicano, se ha dejado al descubierto que tal autonomía de los órganos públicos, se solo existe en teoría y en la realidad trasciende como una aspiración más de esta democracia insipiente y mediocre.
Más bien, dados los hechos que durante los últimos años han puesto al descubierto la debilidad del estado mexicano, la deliberación del IFE revela la política fallida del estado fallido.
En ese sentido, vemos que el gobierno de Calderón perdió el control del órgano electoral y otra fuerza logró rebasarlo al penetrar en el arbitro electoral.
Con lo anterior, el presidente de México y su partido, perdieron la poca credibilidad que les quedaba como opción electoral y de gobierno, quedó exhibida una nueva zona de debilidad de su poder y quedó exhibido también como un presidente ingenuo y mediocre que al cometer una flagrante violación a a la ley – que se supone resguarda- no fue capaz, a diferencia de sus antecesores de callar al sistema.
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